El Presidente de Argentina Alberto Fernández emitió este 22 de agosto un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) a través del cual estableció que las prestaciones de TV Paga, Internet y telefonía móvil sean servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia. De esta manera, el Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones) regulará los precios de los mencionados servicios. Además, «la autoridad de aplicación establecerá en la reglamentación la prestación básica universal obligatoria que deberá ser brindada en condiciones de igualdad», indicó el DNU.

Al mismo tiempo, Fernández anunció que se congelarán hasta el 31 de diciembre próximo las tarifas de TV Paga, de Internet y de telefonía, debido a que persiste en Argentina la pandemia Coronavirus (COVID-19). En mayo, el Gobierno había acordado con las compañías de telecomunicaciones la suspensión de los aumentos hasta el 31 de agosto.

«La educación, el acceso al conocimiento, a la cultura y a la comunicación son derechos básicos que debemos preservar. Por eso, hemos ordenado que de aquí en adelante haya planes inclusivos de prestación básica, universal y obligatoria para quienes menos tienen», dijo el Presidente en la red social Twitter. Ahora, «no podrá haber ningún aumento sin la previa aprobación del Estado», añadió Fernández.

«Enacom establecerá un tope de aumento y finalmente se creará un servicio universal obligatorio e inclusivo priorizando a los que más lo necesitan hasta llegar a todo el pueblo argentino», señaló el Presidente del ente regulador, Claudio Ambrosini, en Twitter.

La Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet) se mostró en desacuerdo con este decreto. La entidad que representa en la región a América Móvil (Claro y Telmex), Telefónica (Movistar), AT&T (DirecTV), Telecom (Cablevisión, Fibertel y Personal) e Hispasat explicó que ven «con suma preocupación que se realicen cambios drásticos de amplio alcance e inesperados en las reglas del sector, sin una construcción previa de consensos, generando una innecesaria incertidumbre entre todos los actores del mercado y entre los usuarios».

«La medida anunciada afecta a las inversiones realizadas por todos los operadores y perjudica los despliegues futuros», destacaron desde Asiet. «La expansión de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y la comunicación en general precisan de la sostenibilidad financiera de los operadores, de modo que puedan seguir aumentando su cobertura y calidad, desplegando redes e innovando en servicios», añadieron.

Por su parte, la Cámara Argentina de Internet (Cabase) también manifestó su postura. «Declarar a la conectividad a Internet como servicio público solo traerá mayor concentración y menor competencia en el sector», aseguraron las autoridades de Cabase. «Se está poniendo en riesgo de subsistencia a más de 1.200 pequeños y medianos actores del ecosistema de Internet, que son PyMEs y cooperativas de capitales nacionales que prestan servicios principalmente en la gran mayoría de las pequeñas y medianas localidades del interior del país», añadieron.

«El DNU ha sido dictado de manera inconsulta, sin tener en cuenta el camino recorrido y sin considerar las características particulares de los prestadores PyMEs y cooperativos. El mercado argentino tiene ya un altísimo nivel de concentración que no hará más que agravarse si la reglamentación del DNU no contempla un esquema específico para PyMEs y cooperativas, diferenciado del que se establecerá para los grandes operadores», detallaron desde Cabase.

Unas semanas antes de este DNU, la Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet (Cappi) había emitido un comunicado, en el cual explicaba: «La mera calificación de un servicio o una actividad económica como servicio público no hace por sí misma que esos servicios sean más baratos ni mejores, o siquiera que lleguen a más personas, algo que sí puede lograrse generando condiciones de mayor competencia y una promoción activa e inteligente de la industria por parte del Estado, a través de políticas públicas de incentivo de la inversión, para que sean los actores del sector privado quienes lleven Internet de calidad a precios competitivos al 100% de los hogares del país».