Continúa avanzando la Mesa de la Industria TIC en Argentina. Esta semana se llevó a cabo una nueva junta para seguir unificando criterios y para sumar más actores. Fue el 1° Encuentro Federal de la Mesa y se desarrolló en la localidad de Costa del Este, Provincia de Buenos Aires, muy cercana a la estación de amarre de Las Toninas, el punto de conexión internacional a Internet que posee Argentina. La Mesa se había iniciado en 2022 con Telecom, Telefónica, DirecTV, la Cámara Argentina de Internet (Cabase), la Cámara Argentina de Operadores TIC Pymes (Cacpy) y la Federación de Cooperativas del Servicio Telefónico de la Zona Sur (Fecosur).
«No sólo queremos discutir las reglas que tendremos en el sector de acá a diez años, sino que queremos ser parte de la mesa que las defina», exclamó Ariel Graizer, Presidente de Cabase. «Por eso estamos planteando estos once temas clave en el Manifiesto de la Mesa TIC», agregó Alejandro Lastra, Director de Asuntos Públicos y Regulatorios de Telefónica Argentina. «Entendemos que no puede haber políticas públicas sin nosotros», puntualizó Graizer.
Los once puntos del Manifiesto son los siguientes:
-Retomar el status regulatorio previo al DNU 690, decreto que convirtió a los servicios de Internet, telefonía móvil y TV Paga en públicos
-Utilizar el Fondo de Servicio Universal en un plan integral y que participen de la elaboración y de la ejecución el sector público y el privado
-Aumentar el Fondo de Servicio Universal incorporando los aportes de las empresas extranjeras de streaming, con la finalidad de que contribuyan al despliegue de redes
-Disponer de la infraestructura del Estado para ampliar y potenciar la capilaridad y la velocidad de despliegue de redes por parte de las empresas privadas y que esa infraestructura del Estado no participe en la prestación de servicios de conectividad de última milla
-Establecer una agenda de trabajo de complementación entre planes de empresas públicas y privadas
-Implementar un plan de espectro radioeléctrico móvil que brinde previsibilidad y orden
-Impulsar una simplificación normativa para facilitar permisos de despliegue de redes y permitir el canje de obligaciones regulatorias por inversiones en conectividad
-Equilibrar el marco normativo entre las plataformas de streaming extranjeras y los operadores regulados
-Eliminar cargas de canales obligatorios a transmitir por los operadores (must carry)
-Delinear un esquema de incentivos impositivos que brinde exención de impuestos para despliegues de nueva infraestructura
-Generar una política de acceso a créditos
Esta cumbre, realizada entre los días 25 y 26 de abril, marcó también la incorporación oficial a la Mesa de varias entidades: la Asociación Argentina TIC, Video y Conectividad (ATVC), la Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet (Cappi), la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones (Catel), la Cámara de Comunicaciones Convergentes (Catip), la Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina (Cicomra), la Red Intercable y la entidad Infraestructura Digital Argentina (IDA).
«Es una muestra concreta de que la convivencia y el trabajo conjunto era y es posible. Somos una industria muy federal, compuesta por más de 1,7 mil empresas. Es imposible pensar que haya industria, educación, entretenimiento y desarrollo sin Internet, sin conectividad. Por cada 10% de aumento de inversión en banda ancha, hay un impacto positivo del 1,4% en el PBI. Si dimensionamos el impacto total del sector en el PBI, aportamos un 4% del mismo. Hoy, esta Mesa, con nuevos adherentes, representa el 95% de la industria TIC», comentó Antonio Roncoroni, Presidente de Fecosur.
Los representantes de la Mesa señalaron que, igualmente, esperan añadir más actores de la industria. Una vez que se incorporen, se pasará a la segunda etapa, que consiste en contactar y comenzar a dialogar con el Gobierno y con los candidatos a Presidente del país (las elecciones son en octubre de este 2023).
En relación con el DNU 690, Marcelo Tulissi, Presidente de Cacpy, sostuvo que las inversiones en el sector cayeron al 50% después de su aplicación. «Entre todos nosotros invertíamos USD 2 mil millones por año y ahora se bajó casi a la mitad», añadió. Por su parte, Graizer indicó que la derogación del DNU 690 sería el primer paso, ya que el otro tema primordial es la complejidad para realizar importaciones de productos y servicios. «Cabase tiene contacto permanente con la Subsecretaría de Comercio Exterior, a la que le enviamos todas las semanas listados con peticiones. Muchas se aprueban, pero no todas las que son necesarias. Hoy puedo decir que hace dos semanas que no se autoriza nada», explicó.
