El Senado brasileño aprobó este 24 de agosto la llamada Lei do Mandante, la ley que le otorga a los clubes de fútbol que juegan en condición de local el 100% de los derechos de transmisión de un partido, modificando la actual disposición que indica que la propiedad de los derechos de TV deben dividirse entre los dos equipos. A mediados de julio de este año, la Cámara de Diputados en Brasil también había dado el visto bueno. La última instancia será la sanción de la ley a cargo del Presidente del país, Jair Bolsonaro, quien fue uno de los principales promotores de la nueva norma. Es importante destacar que la Lei do Mandante solamente alcanza al fútbol, por lo que la televisación del resto de los deportes no sufrirá cambios.

De esta manera, la negociación será más sencilla tanto para los clubes como para las señales y plataformas interesadas en realizar transmisiones, ya que solamente serán tratativas entre dos actores. «Este proyecto da autonomía al club local y moderniza bastante el fútbol brasileño», comentó el Senador Romario, también exjugador de fútbol, quien además agregó que esto aumentará la competitividad en la negociación de los derechos de transmisión y le dará lugar a emisoras menores y a compañías de streaming.

La nueva ley contempla que los contratos que hayan sido firmados antes de la sanción de la misma deberán ser respetados. Sin embargo, no todos los actuales acuerdos entre las cadenas de televisión (Globo y WarnerMedia) y los clubes finalizan en el mismo momento y los equipos que vayan ascendiendo a la primera división deberán firmar nuevos acuerdos. Por consiguiente, podrían aparecer problemas cuando se comiencen a firmar contratos regidos por la nueva ley y aún sigan en vigencia algunos con la actual ley. También está el caso de Athletico Paranaense que no ha licenciado sus derechos para TV Paga, por lo que podría en un futuro cercano cerrar un acuerdo bajo la Lei do Mandante.

Este nuevo concepto en relación con la propiedad de los derechos televisivos ya fue puesto en práctica en junio de 2020 a través de la Medida Provisoria 984 (MP 984) dictada por Bolsonaro. Como la MP 984 tenía una fecha de caducidad y la Cámara de Diputados y el Senado no trató la nueva normativa antes del vencimiento, la medida terminó perdiendo vigencia.