El Gobierno de Argentina se mostró abierto al diálogo y aceptó que debe ser modificado el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690, el mismo que en 2020 declaró como servicios públicos a las prestaciones de Internet, TV Paga y telefonía móvil y que estableció un control de precios sobre las mismas. Dicha postura fue exhibida en el marco del evento Internet Day 2022, que se está desarrollando los días 16 y 17 de mayo en el Goldencenter de la Ciudad de Buenos Aires, en donde se registró el encuentro público entre representantes de operadores y cooperativas de telecomunicaciones y funcionarios del Gobierno.

Ante el reclamo por el DNU 690 por parte de la Cámara Argentina de Internet (Cabase), organizadora del evento, de cooperativas y de grandes, medianos y pequeños operadores, el Subsecretario de Telecomunicaciones y Conectividad Matheo Gómez Ortega indicó: «Claramente, esto requiere una revisión. Jorge Neme, Vicejefe de Gabinete de la Nación, ya se ha juntado con una buena parte de los actores». A su vez, Gómez Ortega convocó a mesas sectoriales con el fin de reunirse con los operadores para plantear los problemas y encontrar las soluciones.

Por su parte, Gustavo López, Vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), dijo al respecto: «El DNU 690 tuvo un fundamento muy fuerte en el momento de la pandemia, cuando el país tuvo una caída de casi 10 puntos del Producto Bruto Interno, y en donde el Estado tenía que solventar buena parte de la actividad privada a través de recursos públicos. En ese marco, en agosto de 2020, hubo un anuncio de un aumento de algunas empresas desmesurado por la situación pandémica. Entonces, se tomó esa decisión. Pero siempre estamos abiertos al diálogo para producir las modificaciones que sean necesarias».

En su discurso inaugural, el Presidente de Cabase Ariel Graizer había marcado la opinión de la entidad y la de la mayoría de los operadores y de las cooperativas. «Nos encontramos en un punto muerto como industria. Podemos ver a raíz de los indicadores que el DNU 690 fue una errada decisión regulatoria», señaló. El representante de la Cámara ejemplificó el asunto con los últimos números publicados por el Enacom, los cuales informan que Argentina tenía 1,75 millones de conexiones a Internet por fibra óptica (FTTH) al término de 2021, «apenas un 17% del total de las conexiones fijas de banda ancha». Además, Graizer comparó dicho porcentaje con el de Uruguay, que alcanza el 80%, con el de Brasil, que llega al 62%, y con el de Chile, que tiene el 56%.

«Estos datos tienen que interpelarnos, al Estado y a la sociedad en su conjunto, para encontrar los mecanismos que nos permitan construir consensos y encontrar una salida superadora de una situación sin salida que nos aleja del objetivo común que tenemos todos los actores de la industria, tanto del ámbito público como del privado, que es alcanzar la universalización del acceso a Internet», expresó el Presidente de Cabase. «El DNU 690 ha demostrado no ser el camino para lograr ese objetivo», sentenció.

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