El Interventor Adjunto del Ente Nacional de Comunicaciones de Argentina (Enacom), Alejandro Pereyra, sostuvo que el objetivo de la intervención del organismo es la «normalización» del mismo y la revisión de todos los reglamentos que están en vigencia. A su vez, dijo que la línea de esta intervención irá enfocada en la «desregulación» del mercado y que se cancelará el DNU 690, el Decreto de Necesidad y Urgencia de 2020 que estableció como públicos y esenciales a todos los servicios de telecomunicaciones (Internet, TV Paga y telefonía), determinando también un control en los precios de dichas prestaciones. Pereyra habló en el evento NPlay que organizó Grupo Convergencia en la ciudad argentina de Córdoba los días 14 y 15 de marzo.
En los múltiples paneles que tuvo NPlay, directivos de compañías, cámaras y cooperativas de la industria de las telecomunicaciones expusieron los principales reclamos que tienen. En la anulación del DNU 690 y en la constitución de una regulación planificada y justa para todos los actores son los puntos en los que coincide la gran mayoría de los directivos. Justamente, el representante del intervenido Enacom aprovechó su participación en el evento para responder sobre dichos temas. «La intervención apunta a la normalización, a llegar a algo más técnico. Si la pregunta es regulación o desregulación, sepamos que viene por la desregulación», sintetizó. Y agregó: «Hay que resolver la desgracia que nos pasó a todos, el DNU 690. Logró incluso unir a Montescos y Capuletos».
El Enacom se encuentra intervenido desde fines de enero de este año por el Gobierno Nacional, que lidera el Presidente Javier Milei a partir de su asunción en diciembre de 2023. El Interventor es Juan Martin Ozores y los Interventores Adjuntos son Patricia Roldán y el mencionado Alejandro Pereyra.
«Las PyMEs competimos desde que iniciamos nuestras operaciones, por lo que necesitamos tener previsibilidad. Esta industria aporta el 5% del PBI (NdeR: Producto Bruto Interno) de Argentina, hay que dejar de lado las regulaciones que atrasan. Estamos dispuestos a desafiar lo que viene, con reglas claras», comentó Lucio Gamaleri, Presidente de la organización de cableoperadores Red Intercable.
«Necesitamos contar con un marco jurídico serio, que atraiga inversiones. Y necesitamos terminar con el DNU 690 y volver a un esquema con libertad de precios», exclamó, por su parte, Antonio Roncoroni, Presidente de Fecosur (Federación de Cooperativas del Servicio Telefónico de la Zona Sur). En la misma línea, Rodolfo Bianchi, Presidente de la Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet (Cappi) abogó también por la anulación del DNU 690 y destacó que es necesario «recomponer el ARPU (NdeR: Ingreso Promedio por Usuario) de los operadores».
En tanto, Hernán Colombo, Gerente de Regulación y Negocio Mayorista de Telecom (opera con las marcas Flow y Personal), dijo: «La industria se encuentra en una encrucijada respecto de la sustentabilidad financiera», un tema que debe ser tenido en cuenta para «sostener el ritmo de las inversiones».
En relación con la planificación a largo plazo de las regulaciones de los servicios de telecomunicaciones, Alejandro Quiroga López, Director de Asuntos Regulatorios e Institucionales de Claro en Argentina, Uruguay y Paraguay, sostuvo: «Argentina no ha tenido una agenda para el sector para la próxima década. Necesitamos un plan 2035».
Por último, Marcelo Tulissi, Presidente de la Cámara Argentina de Cableoperadores e Internet PyMEs (Cacpy) señaló que si el Gobierno va a proponer «una economía de libre mercado», será imprescindible que haya un «árbitro». «Ese árbitro fundamentalmente tiene que ser la Comisión Nacional de Defensa de La Competencia. Hasta ahora, hemos tenido una Comisión Nacional que ha dejado mucho que desear, porque no ha sido lo profesional que requiere un organismo de esa naturaleza», puntualizó.