Las medidas anunciadas por el Gobierno de Argentina el pasado 18 de diciembre inmediatamente despertó el reclamo de toda la industria de las telecomunicaciones. Tanto Telecom, Telefónica y Claro, principales actores en la prestación de los servicios de TV Paga, Internet y telefonía a nivel nacional, como las cámaras que representan a las PyMEs y cooperativas del sector mostraron su descontento y total desacuerdo.
Teniendo como marco el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de agosto de este año, el cual definió a la TV Paga, a Internet y a la telefonía móvil como servicios públicos, el Gobierno comunicó que los operadores podían aumentar un 5% sus tarifas a partir del 1 de enero próximo y que los planes básicos universales e inclusivos (PBU) comenzaban a regir también desde la misma fecha.
«El Gobierno está destruyendo la ecuación económica de las empresas TIC, poniendo en riesgo la calidad de los servicios que prestan, su desarrollo, sus miles de puestos de trabajo directos e indirectos y con consecuencias, en muchos casos, irreversibles», expresaron desde Telecom (controla también Cablevisión y Personal). Según detallan desde la compañía, la mayoría de los servicios no tiene aumentos desde marzo de 2020 y la inflación a diciembre fue del 30%. «Un aumento del 5% no nos permite seguir trabajando como lo hicimos hasta ahora», añadieron.
Telefónica (opera también como Movistar), por su parte, señaló que el 5% «resulta insuficiente para cubrir los costos operativos de la industria». En tanto, Claro indicó que «medidas de carácter estructurales como las anunciadas debieron haber sido el resultado de consensos, luego de un análisis profundo de sus alcances y de que efectivamente contribuirán al beneficio de todos».
Por el lado de los pequeños operadores, la Cámara Argentina de Internet (Cabase) sostuvo que «más de 1,2 mil PyMEs y cooperativas están en riesgo de subsistencia». Si bien desde la entidad celebran que el Gobierno haya establecido una regulación asimétrica, diferenciando a los operadores según su tamaño, no están de acuerdo con el aumento autorizado (8% para las compañías que tengan menos de 100 mil clientes). «Entendemos perfectamente la necesidad de que la gente pueda acceder a la conectividad, pero no puede ser a costa de la subsistencia de las pequeñas empresas y emprendedores», agregaron desde Cabase.
Además, la Cámara Argentina de Cableoperadores e Internet PyMEs (Cacpy) también se unió al reclamo de la industria. «Las medidas tomadas en el corto plazo generarán menor inversión y menor calidad de servicio», indicaron. «Es la antesala de la desaparición de la mayoría de las PyMEs de telecomunicaciones», aseguraron.
