Este 28 de noviembre, el Senado de México aprobó el proyecto que propone suprimir siete organismos independientes, entre los que se encuentran los entes reguladores de telecomunicaciones y de competencia económica, el IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones) y la Cofece (Comisión Federal de Competencia Económica). La Cámara de Diputados ya había votado a favor de la decisión hace unos días. El paso que resta para su implementación es que obtenga la venia de las legislaturas de los estados que conforman la República Mexicana; necesita un mínimo de 17.

Además del IFT y de la Cofece, los otros organismos autónomos que van a desaparecer son los siguientes: el Consejo Nacional de Evaluación (Coneval), el Sistema Nacional de Mejora Continúa de la Educación (Mejoredu), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

La propuesta la había iniciado el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora cuenta con el aval de la actual mandataria Claudia Sheinbaum Pardo, quien asumió su cargo en octubre de este 2024. Las principales causas que se esgrimieron para avanzar con esta decisión son la austeridad y la corrupción. Se indicó que se destinaba mucho dinero para el funcionamiento de los organismos y, a su vez, que las resoluciones de estos estaban generalmente en sintonía con los intereses de las grandes compañías.

Las atribuciones y responsabilidades de los siete organismos pasarán a estar bajo el ala de dependencias gubernamentales. Las tareas del IFT serán realizadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mientras que las de la Cofece estarán a cargo de la Secretaría de Economía.

La desaparición del IFT como organismo independiente entra en conflicto con el T-MEC, el tratado comercial que tienen México, Estados Unidos y Canadá, en vigencia desde 2020. Dicho acuerdo indica que los países deben tener una agencia reguladora de telecomunicaciones independiente. Sheinbaum dijo al respecto que se va a conservar el «espíritu original de garantizar la competencia económica y de las funciones antimonopólicas», aunque «desde un modelo más adecuado» para el «contexto nacional».