Este 6 de noviembre, el Gobierno de Argentina, liderado por el Presidente Javier Milei, publicó en el Boletín Oficial una nueva disposición que establece nuevos requisitos de seguridad para redes de telecomunicaciones públicas. Si bien la medida (7/2026), impulsada por el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), habla de redes públicas, rápidamente la Asociación Argentina TIC, Video y Conectividad (ATVC) salió a solicitar una instancia de diálogo para evitar que la norma avance hacia equipos e infraestructuras relacionadas con redes privadas. Es que en el documento gubernamental también insta al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) a evaluar los nuevos requerimientos para incorporarlos a los procedimientos de homologación de equipos y a las obligaciones de los operadores privados.
Según alertaron varias voces especializadas en tecnología y telecomunicaciones, los nuevos requisitos están alineados con las normas de Estados Unidos e incluyen la certificación SCS 9001 de la Telecommunications Industry Association (TIA), una organización de dicho país. Dicho certificado coloca a empresas chinas, como Huawei o ZTE, como pasibles de tener que superar criterios de elegibilidad estadounidense para trabajar en Argentina.
«Ante la publicación de la Disposición 7/2026 del Centro Nacional de Ciberseguridad, las entidades representativas de la industria TIC expresan su preocupación por el impacto que podría tener su eventual aplicación a los prestadores de servicios de telecomunicaciones. Las redes de telecomunicaciones argentinas cuentan con infraestructura de clase mundial, basada en arquitecturas que integran múltiples proveedores y tecnologías, sujetas a estándares y certificaciones técnicas internacionales reconocidas, así como a procedimientos de homologación y control por parte de las autoridades competentes», señalaron desde la ATVC.
«En particular, preocupa que las nuevas exigencias queden condicionadas a un único esquema privado de certificación, como la SCS 9001 de la TIA, que evalúa procesos de gestión de seguridad de la cadena de suministro, pero no certifica por sí mismo la seguridad técnica de los equipos. Por ello, solicitamos al Enacom y a las autoridades competentes abrir una instancia de diálogo y consulta pública antes de avanzar con nuevas obligaciones», exclamaron para finalizar desde la asociación de operadores.
